Primero fue Érika. Después Rocío. Y ahora L.B. Son tres las investigaciones que desarrolla la Justicia donde se analizan los informes que realizaron los profesionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. En el último hecho, la víctima no murió, pero la niña de tres años tuvo que pasar varios meses internada por el maltrato y los abusos sexuales de los que fue víctima durante meses.
El asesinato de Rocío: “Minoridad y la Justicia no están haciendo bien su tarea”El caso tomó estado público a finales de enero de 2020 cuando dos tíos, que estaban a cargo de la guarda legal de la pequeña, la llevaron a un centro asistencial de Alberdi para que fuera atendida por unos supuestos golpes producidos tras una caída. Los médicos que la atendieron en ese momento la derivaron al Hospital de Niños por la gravedad de las lesiones que presentaba. Allí, los profesionales que la revisaron constataron que había sufrido maltratos de todo tipo y que presentaba lesiones compatibles con abuso sexual.
Cómo lograron rescatar al hermanito de Rocío“El estado de salud de la paciente es muy crítico. La niña recibió todos los niveles de maltrato infantil. Se encuentra desnutrida, con lesiones muy evidentes de maltrato, fracturas múltiples, lesiones dermatológicas tremendamente complicadas, hematomas en el cráneo, heridas en la cara, brazos, piernas y boca. Además, se determinó una altísima sospecha de abuso sexual”, sostuvo en esos momentos la directora del centro asistencial.
El fiscal Héctor Fabián Assad, después de una dura investigación, imputó a nueve personas los delitos de maltrato y abuso sexual, y todos ya se encuentran detenidos, aunque varios de ellos con la modalidad de arresto domiciliario. Pero también analizó cuál fue el comportamiento de los organismos que debían realizar el control de la niña.
Lo primero que estableció es que un juez de Familia, en base a un informe preliminar, entregó la tenencia al hermano de la madre que tenía capacidades diferentes y luego archivó la causa, sin hacer el seguimiento que corresponde.
Assad también descubrió supuestas irregularidades cometidas por los profesionales de la Dinayf. Estableció que vecinos de la pequeña habían denunciado en abril que era víctima de maltrato. Sin embargo, esa oficina se comunicó en julio con los trabajadores sociales del municipio de Alberdi para que hicieran un informe.
La funcionaria municipal declaró en la Justicia y señaló que era un caso crítico porque habían constatado que la niña vivía en estado de abandono y en condiciones de hacinamiento y solicitó la intervención del organismo. En agosto, ante la falta de respuesta, la profesional volvió a realizar una visita y comprobó que la situación estaba agravándose, por lo que solicitó una nueva intervención. Sus dichos fueron respaldados con la documentación correspondiente.
La directora de la Dinayf, Mariana Cirelli, fue citada a declarar como testigo y confirmó que su repartición intervino cuando L.B. fue internada. El fiscal Assad imputó a la psicóloga María Pilar Guindo, coordinadora en el área del sur, de incumplimiento de los deberes de funcionario púbico. La causa está cerca de llegar a juicio.
Los otros casos
Por otra parte, Érika fue víctima de un crimen en julio de 2020. También terminó en manos de una familia que tenía antecedentes de violencia doméstica. La ex fiscala Adriana Giannoni imputó por el homicidio a la abuelastra de la pequeña y acumuló elementos suficientes para sospechar que los profesionales de la Dinayf no atendieron las denuncias que habían realizado los vecinos de la pequeña y que tampoco habían hecho el seguimiento que por Ley deben hacer. Pidió que se abriera una investigación que está en pleno curso.
Aunque todo sea de manera incipiente, el fiscal Ignacio López Bustos, que investiga el crimen de Rocío Rojas, continúa recibiendo información sobre el accionar de los organismos que deberían haber controlado que la pequeña estuviera en buenas condiciones. Hasta el momento, sólo trascendió que la Dinayf envió un informe -realizado por vía telefónica- en la que se consignaba que estaba bien contenida.
Movimientos: siguen presentando pedido de informes
El legislador radical Raúl Albarracín presentó un pedido de informes a los responsables de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para que expliquen su actuación en el caso del crimen de Rocío Rojas. Ya había hecho lo mismo su par Ricardo Ascárate, aunque también pidió explicaciones al Ministerio Público Fiscal y a la Corte Suprema de Justicia para que se informe cuál fue la tarea que desarrollaron los funcionarios judiciales en este crimen. Por otra parte, trascendió que el caso ha generado un pedido de reunión entre los jueces de familia con el ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin, la secretaria Guadalupe Casas y la titular de la Dinayf Mariana Cirelli. Allí tratarían cómo solucionar los problemas que se están registrando.